La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) negó este lunes 8 de mayo al régimen de Nicolás Maduro una solicitud de derecho a réplica que había solicitado hacer ante las «potenciales víctimas» de violaciones a DDHH.
Aunque aún no ha sido «admitida la participación» de ninguna presunta víctima, el señalamiento de que estas estuvieran presentes en el informe VPRS (Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones, por sus siglas en inglés) generó la petición del Estado venezolano. Este informe podría ser uno de los fundamentos para procesar a autoridades por crímenes de lesa humanidad.
En la decisión de la CPI, se niega la solicitud debido a que considera que no hay precisión en los argumentos, ya que solo basa su requerimiento en que los testimonios de las supuestas víctimas pudieron no ser llevados a instancias dentro del país. Se pretendía dar respuesta, consignar pruebas y detalles que refutarían las alegaciones.
A través de un comunicado de la Cancillería, las autoridades celebraron este lunes la decisión que adoptó la CPI, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”. Según la interpretación, esto resuelve que «no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».
El texto señala que esto determina expresamente que «hasta el momento no existe ninguna víctima reconocida como tal» por la CPI. Sin embargo, denuncian que esas llamadas «víctimas potenciales» y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, podrían estar «siendo instrumentalizadas para convertir» a la CPI en un «arma política» contra «la institucionalidad democrática de Venezuela».
En cambio, Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, califica como una “magnífica noticia para las víctimas” el hecho de que la Sala no haya otorgado al régimen venezolano un lapso adicional para responder.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir la investigación formal contra Venezuela y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva del Estatuto de Roma.
A continuación reproducimos el comunicado referido:
La República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”.
La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional.
No obstante, la República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.
Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional.
Es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América, en clara transgresión del Derecho Internacional.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores | Gobierno Bolivariano de Venezuela
(LB/Agencias)
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