Al menos diez personas han perdido la vida en Ecuador debido a la ola de violencia que se ha desatado por parte de organizaciones delictivas. Entre las víctimas se encuentran dos policías que fueron asesinados a tiros en Nobol, en la provincia de Guayas.
Los atacantes fueron identificados como delincuentes armados y aún se están investigando los hechos. Además, ocho personas más murieron en los ataques organizados en la ciudad más poblada del país, Guayaquil.
La Policía Nacional de Ecuador ha detenido a 70 personas y liberado a tres de sus agentes que habían sido tomados como rehenes, mientras que el presidente del país, Daniel Noboa, ha emitido un decreto declarando la existencia de un conflicto armado interno y ordenando a las fuerzas militares actuar para desmantelar 22 grupos del crimen organizado transnacional.
Ante la amenaza de violencia, el gobierno reforzó las medidas de seguridad en los accesos y medios de transporte en las principales ciudades. El Metro de Quito, por ejemplo, anunció que fuerzas militares participarán de los recorridos y estarán especialmente atentos a revisar mochilas y bolsos.
Por otro lado, el gremio del transporte público de Guayaquil decidió suspender el servicio hasta que el gobierno no garantice la seguridad de los choferes. “Nos disculpamos con nuestros usuarios, ya que no existen garantías para su traslado y nuestro bien propio”, escribió en X la Federación de Transportación Urbana de Guayas.
La Asamblea Nacional de Ecuador ha expresado su apoyo a las fuerzas militares y policiales y ha anunciado que aplicará indultos y/o amnistías en los casos necesarios para garantizar la seguridad del país.
En un pronunciamiento publicado en X, los miembros del poder legislativo ecuatoriano dijeron a los ciudadanos que están trabajando “en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas“.
Así mismo, subrayan, “en el ejercicio del control político, actuaremos con oportunidad y prudencia. Entendemos la coyuntura actual y no obstaculizaremos las funciones de ninguna autoridad pública, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este estado de excepción“.
LB/EFE
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