El presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros (Sintrapetrol), Juan Ramírez, ha pedido a la justicia de Estados Unidos que incluya a los empleados venezolanos en el proceso de liquidación de Citgo.
Según Ramírez, la liquidación de Citgo está priorizando a los acreedores en lugar de los trabajadores petroleros de la empresa estatal venezolana en Estados Unidos. Ha hecho un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a todos los sectores de la sociedad venezolana para que se unan a las demandas de los trabajadores petroleros del país.
La medida a la que hace referencia Ramírez es una orden dictada por el juez estadounidense Leonard Stark el 1 de marzo, que beneficia a 18 demandantes contra el gobierno venezolano.
En un comunicado, Sintrapetrol exige que se revise esa orden y se establezca una prioridad justa que incluya a los trabajadores despedidos, quienes han sido víctimas de un sistema que constantemente les ha fallado.
Esta nueva medida es consecuencia de una sentencia del juez Stark del 2 de marzo de 2022, en la que concluye que la venta de las acciones de Citgo puede organizarse y tomar medidas preliminares sin esperar la aprobación del gobierno estadounidense.
La lista de acreedores está encabezada por la corporación minera canadiense Crystallex, que exige a Venezuela el pago de 1.200 millones de dólares por la expropiación de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Juan Ramírez, dirigente de Sintrapetrol del Centro de Refinación de Paraguaná, estado Falcón, ha cuestionado la reciente medida del juez estadounidense Leonard Stark en la liquidación de Citgo. Según Ramírez, esta decisión marca otro capítulo de injusticias para los trabajadores petroleros, que han sido despedidos injustamente durante el régimen de Chávez y ahora son relegados en el proceso de liquidación de Citgo.
Los trabajadores petroleros responsabilizan a Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad-hoc de Pdvsa, designado por la Asamblea Nacional en 2020, y a Carlos Jordán, presidente de Citgo, por favorecer a los acreedores en lugar de los trabajadores.
Sintrapetrol denuncia que la decisión de priorizar a los acreedores se basa en la fecha de presentación de la solicitud de orden de embargo, sin tener en cuenta la situación de los trabajadores petroleros. Consideran que esto demuestra la falta de humanidad y justicia en el manejo de este proceso.
En su comunicado, los trabajadores petroleros exigen que se revise esta orden y se establezca una prioridad justa que incluya a los trabajadores despedidos, quienes han sido víctimas de un sistema que constantemente les ha fallado.
(LB/El Nacional)
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