La justicia argentina ordenó el decomiso por parte de Estados Unidos (EEUU) del avión de carga de la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), propiedad del Estado venezolano, que ha sido denunciado como secuestrado en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, desde junio de 2022. La decisión fue tomada este miércoles 3 de enero por el juez federal Federico Villena.
Recordemos que la semana pasada, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, había avalado con un dictamen el pedido de EEUU. Dicha acción fue rechazada de manera categórica por el régimen en Venezuela, el cual aseguró que se trata de una violación de los compromisos adquiridos por el Estado argentino con la subscripción de convenios internacionales.
Inclusive, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (Inac) envió una comunicación a todas las autoridades aeronáuticas de la comunidad internacional, a través de la red AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network o Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas) en la que prohíbe la autorización de vuelos de la aeronave venezolana Emtrasur.
“Quienes se atrevan a autorizar su sobrevuelo, escalas técnicas, se hace cómplice de violación al derecho internacional y Venezuela se reservará las actuaciones correspondientes”, dice parte del comunicado.
¿Cómo terminó en Argentina?
La aeronave de Emtrasur aterrizó en la capital argentina el 6 de junio de 2022 para abastecer combustible, luego de que Uruguay le negara volar en su espacio aéreo. La nave fue detenida bajo la sospecha de que sus tripulantes, venezolanos e iraníes, estaban haciendo tareas de espionaje. Sin embargo, sus 19 pasajeros -15 venezolanos y 4 iraníes- fueron dejados en libertad al comprobarse que no cometieron algún delito.
La aeronave de bandera venezolana fue comprada por la mencionada filial de la estatal venezolana Conviasa a la iraní Mahan Air, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU. Por ello, el país norteamericano quiere decomisarla, alegando que se violó una ley estadounidense que prohíbe negociar bienes con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
La nave en litigio es un Boeing 747-300 con número de matrícula YV353, cuya fabricante es una compañía estadounidense.
Lo que dicen las partes
La decisión de decomisar y entregar a EEUU el avión retenido fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso realizada por EEUU en octubre de 2022.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y EEUU en virtud del cual ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».
“Resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, estimó la fiscal Incardona.
El informe del ministerio público argentino provocó una dura reacción de las autoridades venezolanas, que el pasado 30 de diciembre emitieron un comunicado expresando «de manera categórica» su rechazo a lo que calificaron como el «secuestro de una aeronave» retenida «ilegalmente».
A juicio del régimen venezolano, el tratado entre Argentina y EEUU «no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales», que establecen «procedimientos para resolver este tipo de controversias».
Además de exigir la «inmediata devolución de la aeronave», Caracas anticipó su decisión de recurrir a instancias internacionales y calificó la decisión argentina de «conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional».
En su resolución hoy, el juez argentino Federico Villena rechaza la solicitud del Gobierno de Nicolás Maduro de desestimar la petición del Tribunal Federal del Distrito de Columbia de los EEUU de decomisar la aeronave, con la que supuestamente se violaron las leyes de exportación estadounidenses.
(LB/Agencias)
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