El Consejo de la Unión Europea ha decidido modificar su marco sobre medidas restrictivas contra el terrorismo introduciendo una excepción humanitaria a las medidas de congelación de activos, inicialmente efectiva durante 12 meses.
Esto permite a determinados agentes humanitarios, en consonancia con la Resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y certificados de la UE o sus Estados miembros, realizar transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista sin autorización previa. El objetivo debe ser prestar ayuda humanitaria o apoyar actividades que aborden necesidades humanas básicas.
La decisión pretende mejorar la coherencia de las medidas de la UE y alinearse con los socios de la Organización de Naciones Unidas e internacionales, subrayando el compromiso de la UE con una acción humanitaria basada en principios y evitando las consecuencias negativas de las sanciones sobre los esfuerzos humanitarios.
El Consejo subrayó que con esta medida envía una “señal clara” sobre que las sanciones de la UE “no obstaculizan la prestación de ayuda humanitaria”. Además, consideró que demuestra la determinación de la UE de evitar las consecuencias negativas no deseadas de las sanciones en la acción humanitaria, así como la importancia concedida al pleno respeto del Derecho internacional en la política de medidas restrictivas de la UE.
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