La presidenta de Perú, Dina Boluarte, podría enfrentarse a cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por los 48 muertos y decenas de heridos registrados en las manifestaciones antigubernamentales desatadas tras la destitución de Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado.
La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar a la presidenta, a tres ministros y dos exministros, según señaló el Ministerio Público en un mensaje en Twitter.
En concreto, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, inició la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
También contra «Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior», señaló Efe.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», precisó el Ministerio Público.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de jurar el cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer mañana las conclusiones a las que llegó, tras la visita que realizó una delegación a Perú para “observar la situación de los derechos humanos en el país” en medio de un escenario de protestas.
DIARIOCORREO
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