RESTRINGIDOS POR 5 AÑOS: EEUU declarará no aptos para pedir asilo a quienes entren al país de forma irregular

El Gobierno de EEUU promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de Trump que permitía la devolución de migrantes amparándose en una posible expansión del Covid-19.

La norma, que se publicará hoy, califica como «no aptos» a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EEUU, explicaron funcionarios del Gobierno.

Esto forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y EEUU desde este jueves, cuando se levante la norma por la que han sido expulsados hasta 2,5 millones de migrantes los últimos tres años.

Ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en EEUU será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Se ofrecerán unas 1.000 diarias, cifra que según señalaron podrá incrementarse «dependiendo de la capacidad».

Quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar de manera irregular serán declarados no aptos, a menos que hayan sido negados antes en un tercer país o que demuestren barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a CBP One.

Los no aptos podrán ser deportados, se les prohibirá la entrada a EEUU durante 5 años y podrán enfrentar cargos penales si lo intentan de nuevo, según explicaron las autoridades.

De hecho, también detallaron se incrementaron los vuelos de deportación a países de la región y también se llegó a un acuerdo con México para que reciba al mes hasta 30.000 deportados de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba.

«Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos 1.000 funcionarios de asilo para llevar a cabo (mientras estén en detención) las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves», explicó otro de los funcionarios públicos.

Como parte del refuerzo de personal, el Gobierno también desplegará unos 24.000 «oficiales del orden» en la frontera, además de unos 400 «voluntarios».

Human Rights Watch y otras ONG criticaron la norma promulgada hoy definiéndola como una «violación de los DDHH y de la ley» internacional.

(LB/EFE)