“POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO” Corte de Justicia colombiana inicia una investigación contra Piedad Córdoba para determinar sus vínculos con las FARC

La senadora colombiana Piedad Córdoba deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por «hechos de 2006 a 2012 que presuntamente comprometen su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público”.

La información fue ofrecida por el alto tribunal a través de su cuenta en Twitter, sin ofrecer mayores detalles sobre la investigación que busca determinar vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Córdoba tiene un expediente en el que existen 14 denuncias por los estrechos vínculos que sostenía con la FARC, grupo guerrillero que habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para que la favorecieran en las contiendas electorales.

Sin embargo, la senadora no ha sido citada a indagatoria por sus presuntos nexos con el grupo guerrillero, sino por hallazgos del ente acusador a lo largo del proceso.

Según las acusaciones, los nexos de Córdoba con los cabecillas de las FARC se comenzaron a gestar en 1998. Para ese momento había logrado por primera vez hacerse un lugar en el Senado con el aval del Partido Liberal.

En las denuncias que aparecen en el expediente, se señala que la congresista visitaba constantemente los campamentos guerrilleros sin previa autorización del Gobierno. Supuestamente, desde ese momento comenzó a ejercer un rol de asesora, estratega política, y hasta de vocera del grupo armado.

Según las denuncias, esto le habría permitido a Córdova adquirir un papel clave en el denominado intercambio humanitario durante el gobierno de Ernesto Samper, con el que se buscaba el canje de secuestrados por el grupo guerrillero por milicianos detenidos por las autoridades.

En el expediente, también aparecen denuncias que vinculan a Piedad Córdoba con Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos desde 2009 acusado por presunto lavado de activos.

Fuente: EFE