Luisa creyó entrar a una oficina para regularizar su estancia en México, pero de repente se vio detenida. La muerte de 39 migrantes en una de esas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.
«Eso es un calabozo, un centro de reclusión, como que uno fuera un delincuente», dijo la venezolana Luisa Jiménez en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Se refiere al recinto donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, sur), adonde según ella fue conducida con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. En realidad le notificaron que debía abandonar el país.
«Es un sitio asqueroso», añade la mujer de 56 años, describiendo condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 39 migrantes recluidos en una celda que -según la fiscalía- ningún agente siquiera intentó abrir.
Esa tragedia se desencadenó la noche del pasado lunes cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Varios habían sido interceptados en calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos, también con la oferta de permisos de residencia.
En el siniestro fallecieron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano.
Bajo sospecha de homicidio, la justicia libró órdenes de arresto contra tres funcionarios del INM, dos guardias privados y el migrante que habría generado el incendio.
LB / AFP
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