Este viernes finaliza en Venezuela el plazo para que políticos soliciten al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revisión de las inhabilitaciones que les impiden competir por cargos públicos.
Desde el 1 de diciembre, cuando comenzó el plazo, según lo acordado entre el gobierno y la oposición a través de la mesa de negociación, se conoce de al menos dos opositores que pidieron a la Sala Político Administrativa del TSJ la revisión de sus casos: el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos.
El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones. El mecanismo establece que «cada persona inhabilitada», entre el 1 y el 15 de diciembre, podrá ejercer un recurso contra la medida ante el TSJ, que «se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia regidos en la Constitución».
Además, quienes acudieron ante el órgano de justicia, deben respetar la decisión de la sala y asumir compromisos como «el respeto a la Constitución y las leyes, defender la patria y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía y la paz».
El anuncio se produjo a pocas horas de que venciera el plazo fijado por Estados Unidos para que Venezuela diera pasos hacia las habilitaciones y la liberación de «presos políticos», entre ellos estadounidenses, a cambio de mantener el alivio de varias de sus sanciones que entró en vigencia luego de la firma de un acuerdo electoral entre el chavismo y la oposición.
LB / EFE
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