Acompañado de sus hijos se presentó el expresidente de EEUU en un tribunal de Nueva York este 2 de octubre para encarar un nuevo juicio. La fiscal general de esta ciudad, Letitia James, acusa al exmandatario y a la organización Trump de inflar el valor de los activos de su imperio inmobiliario en miles de millones de dólares, presuntamente para garantizar mejores condiciones de préstamos y seguros.
Visiblemente molesto, el exmandatario apartó la mirada cuando la fiscal pasó por su lado camino a la corte. Y es que desde que James, miembro del Partido Demócrata, reveló el caso en agosto de 2020, Trump ha arremetido en su contra, mientras la funcionaria no ha parado de seguir sus movimientos en una pesquisa que se ha extendido durante años.
Minutos antes de verse frente a Trump en el estrado judicial, James enfatizó en que este es un caso de «fraude persistente y repetido», que se ha prolongado en el tiempo, acusaciones que el exmandatario rechaza.
En su declaración de apertura, Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general del estado aseguró que el expresidente describió sus finanzas a bancos y aseguradoras de una «manera materialmente inexacta» durante una década.
El juez a cargo del caso coincide. Hace menos de una semana, el pasado 26 de septiembre, el magistrado Arthur Engoron declaró tanto al exmandatario, como a sus hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric, y a 10 de sus empresas como responsables del delito. «Una cosa que conozco mucho es la definición de fraude», subrayó Engoron.
Las claves detrás de las acusaciones
Al describir cómo se habrían inflado los activos, el juez Engoron señaló que, por ejemplo, Trump calculó el valor de su apartamento en la Torre Trump como si fuera tres veces más de su tamaño real
«Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que evalúa su propio espacio habitable durante décadas, solo puede considerarse fraude», remarcó.
En consecuencia, Engoron canceló los certificados comerciales de las empresas que controlan los pilares del imperio del exgobernante y afirmó que nombraría delegados para supervisar su disolución.
El fallo cubre algunas de sus propiedades más valiosas, incluida su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, su inmueble en el condado de Westchester, Nueva York, y varios edificios de oficinas y clubes de golf.
En el caso de la propiedad de Mar-a-Lago, la fiscal James indicó que su valor fue aumentado hasta 739 millones de dólares, aunque las restricciones de escritura lo limitaban a 28 millones de dólares. James insistió este lunes en que su oficina está lista para probar el caso.
«La ley es a la vez poderosa y frágil (…) No importa cuánto dinero creas tener, nadie está por encima de la ley. La Justicia prevalecerá», destacó.
De ser hallado culpable, el dictamen asestaría un duro golpe al imperio inmobiliario del magnate convertido en político. James pide al menos 250 millones de dólares en multas, una prohibición permanente contra Trump y sus hijos de administrar negocios en Nueva York y un veto de cinco años de bienes raíces comerciales contra el líder político y la Organización Trump.
«Es una estafa. Es una farsa»: Trump se defiende de las acusaciones
Por su parte, y minutos antes de entrar al tribunal, el expresidente de EEUU insistió en que «esta es una continuación de la mayor cacería de brujas de todos los tiempos».
«Tenemos una gran empresa. Yo construí una gran empresa. Es tremenda (…) Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez deshonesto», continuó al desestimar los señalamientos.
Para el exmandatario, se trata de intentos de frenar su carrera para volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, frente a las que parte como favorito para obtener la nominación del Partido Republicano.
Trump, que portaba un prendedor de la bandera estadounidense en la solapa de su traje, elevó los reproches contra James, al tildar de «racista» a la fiscal demócrata de ascendencia africana y la acusó de pretender una «venganza» contra él.
Está previsto que el juicio, en el que testificarán más de 150 personas, se extienda hasta principios de diciembre.
Pero este es solo uno de los múltiples casos judiciales que representan un dolor de cabeza para el exmandatario, mientras intenta hacer campaña para volver a ocupar la Oficina Oval. Trump, que se convirtió en el primer presidente en ejercicio o expresidente de EEUU acusado penalmente, está imputado en cuatro casos separados.
Hasta ahora, ninguno ha hecho mella en su ventaja sobre sus rivales por la nominación republicana, aunque han supuesto una carga financiera.
(LB/AS/France 24/Reuters/AP)
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