Javier Milei está totalmente dispuesto a cumplir con sus promesas de campaña y, motosierra en mano, empezó a recortar la planta de empleados estatales, sin importar las reacciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En concreto, el Gobierno dio de baja 7 mil contratos de empleados del Estado que ingresaron el 1° de enero 2023.
La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial, con el Decreto 84/2023. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha. De acuerdo a la disposición, en su artículo 1°, se establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
De esta manera, se abarca a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (conocido como PAMI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La decisión alcanzaría a cerca de siete mil empleados de distintas áreas del Gobierno. Son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
La respuesta de ATE a los despidos en el Estado
Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convoca con más énfasis a la marcha de mañana miércoles a Tribunales, fue uno de los dirigentes sindicales que primero salió a rechazar públicamente la determinación oficial de reducir el plantel del Estado, plasmada en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) anunciado el miércoles 20.
“Que nadie espere que vayamos a aceptar ni un solo despido. Cuesta encontrar antecedentes en la administración pública de un ataque, de una agresión, de esta magnitud a todos los derechos laborales”, advirtió Aguiar desde sus redes sociales.
El sindicalista explicó que todos los trabajadores, en todos los casos, “independientemente de cuándo firmaron el contrato”, realizan tareas indispensables. “Cumplen roles esenciales para el funcionamiento de todos los organismos”, defendió.
Por eso, ante este ajuste “sin criterio”, aseguró que se va a “profundizar el plan de lucha. Que nadie nos acuse de atentar contra la gobernabilidad. Si alguien está afectando la paz social es el propio Gobierno que decide dejar a miles de familias en las calles en este momento”.
Milei, en defensa de sus primeras decisiones
El presidente dio pocas entrevistas en el último tiempo y en todas ensayó una férrea defensa de sus determinaciones.
En la última, el último sábado en Canal 13, explicó por qué avanzó con un mega decreto: “Este DNU a lo que apunta es a que haya un shock de inversiones y terminar con los kioscos de la casta”.
En este marco, planteó que hay que “cerrar todas las empresas del Estado”.
“Todas las empresas del Estado son deficitarias. ¿Por qué tengo que estar sosteniendo la TV Pública, pagando sueldos estrafalarios, cuando hay chicos que tienen hambre? El Estado no tiene por qué participar de la economía”, detalló.
“El plan de drásticas reformas y de rápida movilización de recursos que estamos ejecutando impone el quebrantamiento de la rutina administrativa. Si no hubiéramos elidido esa rutina, todavía estaríamos discutiendo los contratos de petróleo y las radicaciones de capitales que fueron el ariete que abrió el rumbo para la transformación profunda de nuestra estructura económica”, evaluó el dirigente libertario.
(LB/GS/Agencias)
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