El fiscal oficialista, Tarek William Saab, aseveró este jueves que los activistas y sindicalistas condenados a 16 años de cárcel fueron procesados por presuntamente conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro y no por pedir mejoras salariales.
«Estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra del Estado. Quien transgrede la ley y como psicópata rompe las reglas, se investiga y finalmente se le condena», sostuvo en rueda de prensa.
Alcides José Bracho, Emilio Antonio Negrín, Gabriel José Blanco, Reinaldo Cortéz, Alonzo Valentín Meléndez y Néstor Astudillo fueron condenados por conspiración y asociación para delinquir.
Tal como aclaró el jefe del Ministerio Público (MP) rojo, organizaciones no gubernamentales y trasnacionales calificaron a los seis enjuiciados como sindicalistas formando parte «de una campaña» para hacer ver que Maduro y su equipo violan derechos humanos. Detalló igualmente que durante el juicio no hubo organización sindical que saliera en su defensa y agregó que cuando fueron detenidos tampoco se encontraban en labores de tipo sindical.
En la conferencia apuntó que las investigaciones evidenciaron que «ninguno de ellos son trabajadores activos» y que solo aparecen en el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) como «cesantes». «Se hizo este ropaje para lesionar al Estado venezolano. Ninguno de los ciudadanos presentó alguna constancia que los acreditase como integrantes de algún sindicato», dijo Saab.
Comentó además que en las extracciones de información telefónica las autoridades corroboraron que «se relacionaban para realizar actividades conspirativas»; entre ellas, según lo dicho por el fiscal, asaltar un conscripto de alistamiento militar de San Jacinto, en el estado Mérida, para apropiarse del parque de armas.
«Planificaban actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 julio del 2022, donde se encontraba presente el mandatario Nicolás Maduro», soltó. También acusó a los sindicalistas de integrar la Unidad de Resistencia Popular (URP), una supuesta estructura delictiva.
Supuestamente tenían planes de ejecutar «operaciones delictivas» en el Distrito Capital y los estados Zulia, La Guaira y Falcón, presuntamente apoyados desde Colombia. Saab enfatizó que Alcides Bracho era el líder de la organización y que estaba bajo instrucciones de Ányelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional, «en situación de desertor que presuntamente vive en Colombia».
LB / TalCual
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