“¿Cómo la mantengo?” Una migrante en España pierde la custodia de su hija por dejarla sola para ir a trabajar“

Una medida adoptada por el sistema de protección a los menores en España ha generado una gran polémica, mostrando las severas consecuencias para las personas más vulnerables de la sociedad, como es el caso de las madres migrantes.

La policía fue avisada del llanto de una niña pequeña que no paraba de llorar. Cuando los funcionarios llegaron al domicilio, situado en un popular barrio obrero de Madrid, se encontraron con que la niña de tan solo cuatro años completamente sola.

La madre de la pequeña la había dejado para ir a trabajar a un bar donde tenía el horario de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Horas más tarde, la mujer fue arrestada por abandono de menores y la pequeña, ingresada en un centro de acogida, donde hoy permanece hasta que un juez decida si debe o no volver con su madre, así se presenta el dilema de una mujer entre cuidar a su hija y no poder trabajar para alimentarla, o ir a trabajar y no poder cuidarla.

La joven tiene 23 años y procede del departamento colombiano de Putumayo, donde se concentra una de las mayores áreas de cultivo de cocaína del planeta. Tras un desplazamiento interno, ella tuvo que emigrar a España después de que el narco baleara la casa de su familia.

La madre, quien además se encuentra embarazada de seis meses carece de la documentación que regule su permanencia en el país, no puede acceder a un contrato de trabajo legal, no puede alquilar una vivienda, sin vivienda no hay padrón y sin padrón no cuenta con acceso a sanidad pública ni a ayudas sociales.

Ahora, ha perdido el empleo y su estado de gestación dificulta aún más su situación. Adicionalmente, la pequeña continúa interna en un centro de menores y ella solo puede visitarla una hora a la semana, además de las llamadas de 15 minutos cada tarde.

Los servicios sociales estudian su situación, mientras ella es acusada de abandono de menores, un señalamiento que, de prosperar, podría acarrearle una pena de hasta tres años de prisión.

Fuente: El País