Durante las últimas semanas de la administración del fiscal Francisco Barbosa, varios de los llamados casos emblemáticos de la justicia penal tendrán avances significativos y uno de ellos es el proceso en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.
Si la Corte Suprema de Justicia alcanza a elegir a la sucesora de Barbosa el 25 de enero —como se tiene programado—, esta ya encontrará el expediente con acusación y llamamiento a juicio.
Aunque no se descarta alguna dilación de última hora, la Fiscalía tiene programados para el 11 y 12 de enero la radicación formal del escrito contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ambas conductas dan entre 12 y 14 años de cárcel.
La audiencia se adelantará ante el juez segundo especializado de Barranquilla luego de que a la defensa de Petro Burgos se le negó el traslado del proceso a Bogotá y se le hizo un llamado de atención para no propiciar más demoras dentro del expediente.
La audiencia no tendría mayores sorpresas en su contenido de no ser porque hay expectativa sobre la libertad condicional que se le había otorgado al exdiputado del Atlántico cuando este ofreció colaborar con la justicia.
En efecto, la Fiscalía reiterará que el propio Petro Burgos admitió haber solicitado y recibido altas sumas de dinero a nombre de la campaña que llevó a su padre a la presidencia de la República: «Petro presidente».
Además, se enfatizará en que el hijo mayor del mandatario admitió, y está probado, que usó el dinero para compra de mansiones, carros de alta gama, joyas y (una parte) para eventos proselitistas.
Pero no se descarta que la Fiscalía destape evidencia adicional para alegar que las condiciones en las que se le otorgó la libertad condicional ya no están dadas.
Dentro de la investigación se ha establecido que el dinero recibido en plena campaña presidencial, más de mil millones de pesos, provino de personas como el excapo Samuel Santander Lopesierra y Gabriel El Turco Hilsaca, hijo de un opaco contratista de la costa Caribe.
Otro nombre que apareció en el expediente y en el organigrama del caso Petro Burgos es el del poderoso político y contratista Euclides Torres.
El Tiempo reveló que la Fiscalía compulsó copias de piezas procesales al Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de un cuadernillo reservado.
La información ahora hace parte de la investigación a las cuentas de la campaña Petro presidente que gerenció Ricardo Roa Barragán, actual cabeza de Ecopetrol, a quien la Procuraduría ya le abrió investigación disciplinaria.
Roa Barragán será citado por la Procuraduría a versión libre para que explique la presunta violación de topes tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, que él ha negado tajantemente.
En cuanto a Euclides Torres, la expareja de Nicolás Petro —Day Vásquez—, quien colabora con la Fiscalía, lo mencionó como un financiador en la sombra de la campaña presidencial, cercano a Armando Benedetti, exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela hasta hace unos meses.
Este diario reveló que el CNE citó a diligencia de declaración a Euclides Torres el 24 de enero, a las 2 de la tarde.
En el auto del CNE se señala que se cita a “Euclides Antonio Torres Romero con el objeto de que exponga en la actuación administrativa todo lo que le conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia objeto de averiguación”.
Se sabe que Torres asistiría al emplazamiento. Y que si bien ha consultado su caso con un par de reconocidos abogados penalistas, iría solo por no ser un proceso en su contra.
Sin embargo, la justicia no solo evalúa su mención en el expediente contra el hijo del presidente Petro; también, en casos que se adelantan contra Benedetti en la Corte Suprema de justicia.
En esa línea de investigación, la exnuera del presidente Petro es clave. De hecho, el 15 de enero la Fiscalía solicitará ante un juez que apruebe el acuerdo de colaboración con Day Vásquez.
Vásquez inició el trámite formal de colaboración en septiembre de 2023 para conseguir un principio de oportunidad. Junto al fiscal Mario Burgos firmaron la solicitud para obtener los beneficios judiciales.
El 13 de diciembre pasado la Fiscalía radicó la solicitud del principio de oportunidad a favor de Vásquez luego de que Gabriel Jaimes, fiscal coordinador ante la Corte Suprema con asignación de funciones del despacho del fiscal general, firmó el documento un día antes.
“El principio de oportunidad le daría a Dayssuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente”, señaló la Fiscalía.
Al firmar ese acuerdo, la exesposa de Petro Burgos se compromete a declarar en contra de su expareja y de otras personas que estarían involucradas en el caso.
El ente acusador advirtió que la colaboración de Vásquez “constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales”.
Por ahora, sigue en firme la citación a la audiencia de acusación contra el hijo mayor del presidente para el 11 y 12 de enero.
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