El gobierno de Estados Unidos (EEUU) eliminó de su lista de sanciones al expresidente del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), Carlos Alberto Rotondaro Cova, luego de cinco años.
Las autoridades estadounidenses designaron al general en marzo de 2018 por considerar que tenía responsabilidad en la crisis de Venezuela.
“Como resultado del colapso económico de Venezuela bajo Maduro, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros ni produce suficientes de sus propios medicamentos. Debido en parte a la insuficiencia de vacunas y antibióticos, enfermedades que antes estaban controladas como la difteria y el sarampión han regresado. Mientras que los venezolanos que padecen enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes a menudo tienen que renunciar al tratamiento”, alegó la OFAC en ese entonces.
Junto a Rotondaro, también aparecieron en la lista Willian Antonio Contreras, exviceministro de Comercio Interior; Nelson Reinaldo Lepaje, exjefe interino de la oficina del Tesoro Nacional, y Américo Alex Mata García, exdirector suplente del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Rotondaro, fue destituido luego de permanecer una década en el cargo y que, durante su gestión, enfrentó denuncias por falta de distribución de tratamientos y medicamentos de alto costo contra enfermedades graves, corrupción, desfalco y ortos.
Entre las numerosas irregularidades, se menciona que Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional, denunció en julio de 2018 al general y a sus presuntos testaferros William Hernández, Daniel Esgardo e Isabel Rangel Barón por el desfalco de 100 millones de dólares.
En ese caso, estaría involucradas 10 empresas panameñas pertenecientes a Hernández, a través de las cuales se habrían realizado compras irregulares de materiales para tratar la diálisis, medicinas de alto costo para combatir el cáncer, inmunosupresores y el VIH.
Isabel Rangel Barón, es una empresaria venezolana, hermana de Daniel Esgardo Rangel Barón y dueña del 50% de las acciones de la empresa Inversiones Rangel Barón (IRB) y propietaria de Continental Medica, C.A que recibió de Cadivi hasta 331 millones 803 mil 298 dólares de Cadivi entre 2010 y 2014 por importación de insumos médicos.
Continental es la matriz de una red de 19 compañías que entre el mismo período de tiempo recibió hasta 455.631.647 dólares preferenciales y cuyo principal cliente era el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss)
Gracias a Rotondaro, estas empresas del mismo grupo familiar Rangel-Barón resultaron beneficiadas con contratos de compras irregulares de medicinas e insumos para la red hospitalaria.
Esta mujer fue demandada en febrero de 2014 junto con su hermano por el empresario José Alfredo Rodríguez, quien los acusaba de haber suplantado el contrato de su empresa Rismed Oncology Systems con el Ivss y desviar los pagos hacia su propia compañía: Rismed Dyalisis Systems. El fraude, según Rodríguez, ascendía a 1.200 millones de dólares.
Entre 2014 y 2015 cientos de pacientes oncológicos, renales, diabéticos y hemofílicos murieron en el país por falta de medicamentos de alto costo que las empresas de los hermanos Rangel Barón no suministraron al IVSS y cuyo dinero se robaron.
Después de todo este desastre, Rotondaro huyó del país a Colombia en 2017 y solicitó asilo político, en donde manifestó su disposición a denunciar al dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y además aseveró que se le solicitó esconder medicamentos para que fueran usados en épocas electorales
La Cruz Roja y el compadrazgo Ortega-Villarroel
El presidente de la Cruz Roja y su hijo Miguel Ángel Villarroel Sierralta están señalados por el régimen de presunto «abuso de poder» en dicha institución.
Fuentes anónimas aseguran que en este caso están involucrados los hermanos Rangel Barón a través de una amistad con Mario Villarroel, quien a su vez es compadre del magistrado Calixto Ortega, representante de Venezuela en La Haya.
A Villarroel y su hijo lo señalan de utilizar la institución para acumular poder y asuntos personales debido a que lleva más de 40 años en ese cargo sin elecciones.
Se menciona también un presunto lobbismo en el TSJ por parte de que Villarroel, quien ha llegado a controlar a magistrados dentro de la institución gracias a su amistad con Calixto Ortega.
Ortega vive actualmente en un lujoso apartamento en el este de Caracas propiedad de Isabel Rangel Barón. En marzo de 2018, Ortega fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales y otros delitos.
De acuerdo a algunos funcionarios de la Cruz Roja, se rumora que Villarroel quiere dejar a su hijo en el cargo, a quien acusan de violencia familiar.
Fuente: Agencias
Fuente: Agencias
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