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MIENTRAS SE AGUDIZAN LAS PROTESTAS: Justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.

«Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024», leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación ha sido calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.

Mientras tanto, la cifra de muertos durante las protestas en Perú sigue subiendo. Al menos nueve personas fallecieron este jueves producto de la represión policial, aumentando a 18 la cifra de muertos en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y por la convocatoria de una asamblea constituyente.

La Defensoría del Pueblo exigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas «el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros».

LB/EL NACIONAL