Carlos Cedeño, miembro de la Red de Padres y Representantes y líder del Colegio Integral El Ávila, destacó el lunes 10 de junio que no se debería exigir a las escuelas las mismas contribuciones financieras requeridas a las corporaciones privadas para el fondo de jubilaciones, con el fin de incrementar los ingresos de los ancianos.
Durante una entrevista con Circuito Onda, Cedeño señaló que las instituciones educativas son entidades no lucrativas y que cerca del 70% de su presupuesto se destina a salarios. Alertó que un aporte obligatorio de hasta un 9% al fondo de jubilaciones podría impactar negativamente en los fondos de las escuelas privadas.
“Las instituciones educativas no deben ser equiparadas con entidades que participan en actividades económicas especulativas dentro del mercado de bienes y servicios del país”, afirmó.
En vista de esta situación, Cedeño pidió a los funcionarios gubernamentales reconsiderar cómo se implementa la Ley de Pensiones y otorgar un trato preferencial a los centros educativos. Añadió que, aunque este porcentaje es deducible del impuesto sobre la renta, existe una “ampliación implícita” de este impuesto que no permite la deducción de este aumento en los costos. Fausto Romeo, director de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, advirtió que las tarifas mensuales de las escuelas privadas podrían subir entre cinco y doce dólares debido a un aumento del 4,5% al 6% en el presupuesto para el año escolar 2023-2024. Esto se debe al nuevo impuesto que deben abonar al fondo de pensiones, tras la promulgación de la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social ante el Bloqueo Imperialista”.
“Todos los centros educativos privados en Venezuela, que suman aproximadamente 3.830, deben cumplir obligatoriamente con el pago del 9%”, expresó Romeo a El Pitazo el 9 de junio al ser consultado sobre la ley.
Romeo enfatizó que este nuevo desembolso no se había previsto en los presupuestos escolares de este ciclo, establecidos en mayo de 2023. Por lo tanto, sugirió que las escuelas podrían solicitar un pago retroactivo o absorber el costo y cargarlo en la matrícula del próximo año escolar para cumplir con la normativa.
“Algunos ya han emitido su comunicado y están recaudando el dinero correspondiente por la diferencia, sin que esto haya causado gran descontento entre los padres y representantes”, comentó el también director general de la ONG Consenso Educativo.
LB/ Tal Cual
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