El Gobierno de Perú estaría violando los derechos humanos al pretender que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permite la expulsión de extranjeros bajo causales viciadas.
Así lo afirmó Nancy Arellano, encargada pro témpore del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ONG que vela por los migrantes.
«El Ejecutivo presentó al Congreso el el 15 de agosto y que tiene el mismo enfoque contrario a los derechos humanos (de otro presentado previamente), pues introduce modificaciones al artículo 58 del Decreto Legislativo 1350 (Ley de Migraciones) que expone causales de expulsión violatorias», sostiene.
La norma, explica Arellano, pretende que un extranjero residente sea expulsado de Perú por razones ciertamente insólitas y claramente contrarias a los tratados humanitarios de los que Perú es parte.
Entre las causales de expulsión que pretende introducir la norma se encuentran, por ejemplo, el que un inmigrante contravenga las disposiciones sanitarias vigentes, o que no porte su documento de identidad en una eventual detención.
También puede ser expulsado por hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso o autorización de la autoridad competente.
Arellano advierte una exageración de las sanciones. «Esto es desproporcionado porque se habla de sanciones sin que de por medio haya mediado un delito», afirma la especialista de la CNDDHH.
Como agravante, Arellano detalla que la norma busca sancionar con 25 años de prohibición de reingreso al país a quienes violen estas pretendidas causales, siendo actualmente 15 años el plazo para quienes incumplen la normativa vigente.
«En esto media todo un tema de derechos humanos como la integridad familiar, como el derecho de los hijos a contar con sus padres (quienes serían expulsados sin más)», expone la experta, aludiendo a cuestiones básicas de DDHH que se violarían.
Según cifras del Ministerio Público peruano de 2020, solo el 0,72% de los delitos cometidos en Lima, ciudad que alberga a un tercio de la población nacional, fueron cometidos por ciudadanos de Venezuela.
(LB/El Comercio)
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