Estados Unidos anunció el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), para los venezolanos en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. Esta condición deja por fuera a miles de venezolanos que han llegado al país después de esa fecha, quienes temen ser deportados en los próximos meses.
Recientemente la administración de Joe Biden extendió la aplicación del TPS hasta marzo de 2024, pero no cambió los requisitos para poder beneficiarse. La situación causó preocupación en más de 160.000 venezolanos que no podrán acogerse al programa, entre cuyos beneficios están la posibilidad de trabajar y frenar las deportaciones.
La cantidad de venezolanos que han cruzado la frontera de manera irregular se ha incrementado exponencialmente: en los nueve meses comprendidos entre octubre de 2021 y junio de 2022 la patrulla fronteriza tuvo cerca de 112.200 encuentros con venezolanos, más del doble que en todo el año fiscal 2021.
La comunidad venezolana y un grupo bipartidista de legisladores han solicitado a las autoridades de Estados Unidos que rediseñen el TPS para amparar a aquellos que llegaron más recientemente y no han podido regularizar su situación.
Hay venezolanos con órdenes de deportación que tampoco tienen TPS y quedarían desamparados con la finalización, el 20 de julio, de otro programa conocido como DED, que ha frenado las deportaciones de todos los venezolanos desde enero de 2021, por 18 meses.
En Estados Unidos viven más de 423.000 venezolanos, según información de la oficina del Censo de 2019. De acuerdo con el gobierno, unos 343.000 podrían beneficiarse con el TPS. La gran mayoría, unos 231.000, ya lo ha solicitado, pero debido a las demoras que existen en el gobierno sólo unos 30.000 habían sido aprobados hasta diciembre de 2021.
Algunos expertos aseguran que quienes quedaron fuera del TPS tienen razones para estar preocupados. “Lamentablemente tiene un impacto negativo en la comunidad venezolana para las personas que entraron después del 8 de marzo”, expresó el abogado de inmigración José Guerrero.
Agencias / JoParra
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