El gobierno de Uruguay estableció el miércoles un procedimiento abreviado que permitirá otorgar la condición de refugiado a los solicitantes de nacionalidad venezolana que ya se encuentran en el país con el trámite iniciado, que suman unos 3.500.
«Se aprobó esta mañana un mecanismo de estudio prima facie, de aprobación acelerada, para aquellos casos que lo ameriten por parte de los venezolanos que solicitan refugio en Uruguay», informó el canciller Omar Paganini en rueda de prensa.
«Esta decisión atiende un pedido de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, para considerar a los venezolanos que solicitan refugio de una manera diferente, tomando en cuenta la realidad de ese país», agregó.
Migración venezolana
La situación humanitaria en Venezuela ha provocado el desplazamiento de más de 7,7 millones de personas, de las cuales la gran mayoría (unos 6,5 millones) han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe, indicó la cancillería uruguaya en un comunicado.
Este plan piloto solamente aplicará para los pedidos de refugio de venezolanos pendientes de análisis y que cumplan con determinados requisitos básicos para acceder a este estatus legal sin tener que pasar por una entrevista, una de las principales razones de atraso del proceso en hasta dos y tres años.
Históricamente, más del 90% de los solicitantes de refugio venezolanos han accedido a este estatuto en Uruguay, lo cual según las autoridades demuestra la necesidad genuina de amparo.
«Residencia por arraigo»
Al cierre de 2023, la Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay, encargada de procesar las solicitudes de asilo, tenía pendiente de respuesta más de 24.000 pedidos, de los cuales cerca del 15% correspondía a nacionales venezolanos.
El mecanismo aprobado el miércoles por la CORE se suma al decreto aprobado a mediados de mayo que creó la «residencia por arraigo».
A esta figura pueden acogerse más de 20.000 personas, en su mayoría cubanos, que ingresaron a Uruguay como solicitantes de refugio, pero no cumplen con las condiciones para acceder a ese estatus legal.
(LB/El Nacional)
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