El Gobierno de Pedro Castillo envió una solicitud a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana ante la grave crisis política que sacude a Perú en los últimos días.
El artículo 17 del documento de la OEA establece que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso (…) podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
“El Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación (…) en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, añade el artículo 18.
El escrito de Castillo fue presentado ante el despacho del secretario general, Luis Almagro.
“La intención de recurrir a dichos dispositivos se debe al legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales”, se lee.
Almagro remitió la solicitud a Jan Marten Willem Schalkwijk, presidente de la Comisión Permanente de la OEA, a fin de que se ponga en análisis la situación en el Perú en una sesión extraordinaria y se disponga la visita de representantes y otras gestiones que se consideren necesarias.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA tendrá lugar este jueves y contará con la presencia del primer vicepresidente y Relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del canciller peruano, César Landa Arroyo.
Actualmente, el presidente Castillo afronta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de Perú, que lo señala de ser el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado.
LB / VOA
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