¡NI HABILITADO! TSJ declara “nulidad absoluta” de Estatuto de Transición

Menos de tres horas tomó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidir, con ponencia del magistrado presidente Juan José Mendoza, que declarada nula la “presunta reforma parcial” del Estatuto que Rige la Transición, aprobado por la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó.

En horas del mediodía de este miércoles 30 de diciembre, diputados reelectos el 6D introdujeron el recurso de amparo ante el TSJ solicitando la nulidad de la reforma del Estatuto.

“Se declara la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la presunta ‘Reforma Parcial del Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela’ de fecha 26 de diciembre de 2020, emanado de un grupo de diputados a la AN, en usurpación de su Junta Directiva y simulando una sesión de dicho órgano, por colidir con la Constitución”, señala la sentencia 0274.

En el fallo también ordena al Ministerio Público que investigue penalmente “la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos”. Se ratifica que cualquier actuación de esta AN y de cualquier órgano o individuo en contra de la sentencia, “será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de las responsabilidades a que hubiere lugar”.

Se advierte también que el desconocimiento a las elecciones del 6D, convalidadas por el Poder Electoral, “es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al derecho internacional público”, que conlleva ruptura del orden constitucional y la paz social.

“Declara írrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación realizada por los diputados que hoy usurpan (…) con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura (…) de aquellos ciudadanos que lo fueron para el periodo legislativo nacional por fenecer y con ello atentar o menoscabar la instalación (…) a iniciarse el próximo 05? prosigue.

Igualmente se ordena a la Contraloría General, evaluar, determinar y cuantificar daños materiales y patrimoniales, que hayan sido consecuencia de las actuaciones del Parlamento que finaliza el día 04 de enero de 2021.

Redacción LB

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