Datanálisis: Suspensión de intercambio de petróleo por diésel es rechazada en todos los sectores

“Para el 73% de los venezolanos consultados por Datanálisis, es necesario mantener el programa de intercambio por petróleo que garantice el abastecimiento de diésel, pues la mayoría contundente considera que este es un sacrificio inútil, largo e injusto”.

Así lo afirma Luis Vicente León, en un hilo de Twitter en que alerta sobre la paralización a partir del 1º noviembre de este programa que se usaba para evitar que la estrategia de sanciones “que intenta presionar los cambios en Venezuela”  tuviera un impacto negativo directo “en la vida de la población inocente”.

Sobre el rechazo a esta acción León indica que “no se trata de una posición dominada por los progobierno, que representa menos del 15%”. Para el 77% que desea cambios políticos, el rechazo de una sanción al diésel que afecta principalmente su vida sin esperanza de éxito, es contundente.

Advierte que las proyecciones de consumo de diésel para el año que viene muestran un aumento de la demanda y la producción camina en sentido contrario.

“Los estimados de Gas Energy Latin America (GELA) indican que en 2021, con mayor flexibilización en el fin del Covid(19), se demandará en Venezuela alrededor de 105 mil b/d de diésel, 25 mil más que en 2020 y la producción nacional se reducirá a sólo 20 mil b/d. El diésel es esencial para la producción de energía en occidente donde ya, sin acusar aún el impacto del fin del acuerdo que suministraba la mayoría del diésel en el país, se produjeron la mayoría de los cortes de suministro de energía, lo cual lleva a proyecciones muy negativas”, alerta León.

Destaca cifras de la firma que dirige en la que, antes de la cancelación del programa, “por primera vez se homogeneiza el rechazo a una sanción, haciéndose mayoritario en todos los clústeres de autodefinición política, incluyendo opositor”.

Señala que no existen perspectivas de que cancelar este programa incida en el objetivo que se ha planteado, que es el cambio político en el país.

“El 68% de la población rechaza esa sanción, que percibe claramente como una agudización de la crisis que ya vive, sin esperanza alguna de que provoque, en un tiempo prudencial, el objetivo de cambio político que persigue”, sentencia.

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