COLOMBIA | ONG’s denuncian aumento desmedido de la violencia en Nariño

Diversas organizaciones que velan por los Derechos Humanos en Colombia alertaron sobre el difícil y desalentador panorama que se vive en Nariño por la violación de los Derechos Humanos.

Recientemente, asesinaron a Eibar Angulo Segura, situación que generó conmoción e indignación en el consejo comunitario La Nupa, localizado en la zona campestre de Tumaco. A raíz de este crimen, las organizaciones en pro de los derechos humanos exhortan no solo al Gobierno Nacional, sino también a organismo internacionales para que fijen su mirada en Nariño e intervengan lo antes posible.

El homicidio de Angulo se perpetró el pasado 11 de noviembre, en cercanías a la vereda Porvenir, en el kilómetro 52 sobre las 2:30 de la tarde. Detalles del caso que más conmocionaron a la opinión pública fueron que el homicidio se cometió frente a los ojos de la comunidad (en la que habían menores de edad) que departían al momento del crimen.

Igualmente, las organizaciones denuncian que el consejo comunitario de ese municipio tumaqueño ha sido constantemente amenazado y han sido víctimas de amenazas y violencia que se presume estaría relacionado con reclutamiento forzado. La situación causó que los habitantes del sector se encierren en sus hogares por temor a las represalias.

Redhpana, una de las organizaciones en pro de los Derechos Humanos en el Pacíficos de Nariño revelaron que en lo corrido del 2020 han muerto aproximadamente 17 comuneros indígenas en varias zonas de ese lugar.

Otro de los hechos que más indignación generó en ese municipio nariñense fue el asesinato del profesor indígena, Juan Pablo Prada, quien pertenecía al resguardo Piguambi Palangala, localizado en el corregimiento de Llorente. Junto a Parada, cinco víctimas más fueron acribilladas, las cuales hacían parte de la comunidad de Sabaleta.

En estos momentos los familiares de las víctimas denuncian que tres personas permanecen desaparecidas. Ante esta situación, casi 500 personas han recurrido al desplazamiento forzado para resguardar sus vidas,

Las organizaciones, además, denunciaron que hay mayores represalias y riesgo de ataques contra la comunidad awá del resguardo indígena Piguambí Palangala de Tumaco. Esta comunidad sigue en medio del conflicto armado y además, han tenido que permanecer encerradas no solo por el COVID-19, sino para evitar represalias violentas en su contra.

Franco Ojeda, un reconocido líder político, que trabajaba desde el 2012 como promotor del deporte en el Instituto Pasto Deporte, se desplazaba en horas de la mañana por el barrio Mariluz III, en el occidente de la ciudad, cuando fue asesinado por sujetos que le propinaron varios impactos de bala.

Fuente: Infobae

 

 

 

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