Grupos armados de Colombia imponen sus medidas violentas a la población por el Covid-19 ante ausencia del estado

Colombia sufre las consecuencias de la inacción del gobierno de Duque frente a la violencia de grupos armados que controlan los territorios e imponen el terror y la criminalidad de medidas autónomas frente a la pandemia.

Al menos once regiones de Colombia se han visto gravemente afectadas por la acción de estos  grupos ilegales armados, que aprovechan las circunstancias excepcionales de la crisis del coronavirus para cometer abusos contra la población civil.

Así lo expone un informe difundido este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW), que denuncia que “numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles”, con el objetivo de “imponer sus propias medidas en contra de la propagación del covid-19”.

“Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”, detalla el informe.

El informe se refiere a los grupo del ELN y a diversas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estas últimas derivadas de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares, que tuvo lugar a mediados de la década del 2000.

El terror es explícito, público y notorio. HRW encontró en su estudio la difusión de diversos panfletos informativos y mensajes de Whatsapp que utilizan estas organizaciones, que en su gran mayoría no solo informan de las obligaciones impuestas a la población, sino de los violentos castigos que lleva aparejado su incumplimiento.

A través de estos ‘documentos’, los grupos paramilitares imponen toques de queda, cuarentenas y restricciones a la circulación, y detallan los días y horarios en los que permiten la apertura de tiendas y el funcionamiento de servicios.

Aún más violenta y directa es la advertencia incluida en otro panfleto, distribuido en mayo por la columna móvil Jaime Martínez, en el que aseguran que quien incumpla sus mandatos “será sometido a nuestra ley y pagará con su vida“. “Ya saben, o cumplen o se mueren”, insisten en el mismo texto.

HRW también denuncia que “las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza”.

Fuente: AFP

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