Asesinato de líderes sociales en Colombia, un exterminio silencioso

Más de 700 personas vinculadas a trabajos sociales, defensa de derechos humanos y ambientales han sdo asesinadas en Colombia desde la firma del tratado de paz en el 2016.

Se trata de un exterminio silencioso y atroz, principalmente contra líderes sociales y exguerrilleros de las FARC.

El más reciente caso tuvo lugar el viernes en Tierralta, en el caribeño departamento de Córdoba, en donde con la más espeluznante frialdad dos hombres dispararon desde una motocicleta contra María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años.

De acuerdo a organizaciones sociales, la mujer era una líder de su zona que estaba amenazada por el grupo paramilitar Águilas Negras.

“Aquí estamos asistiendo a una acción sistemática para frustrar el proceso de paz y las reformas y cambios que trae”, dijo el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo.

Cada “uno cada dos días” se registran estos crímenes en al menos siete regiones de Colombia, la mayoría de ellas agobiadas por la presencia de grupos guerrilleros, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes, “no son hechos aislados contra personas que están en una situación de marginalidad sino ataques directos contra la sociedad”.

Los asesinatos selectivos y sistemáticos han venido en ascenso desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, por ahora no hay una cifra única oficial sobre las víctimas mortales de esta escalada de violencia.

En el último informe denominado “Todos los nombres, todos los rostros” entregado por la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica,  aseguraron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde 2016.

La violencia política se “ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos”, dijeron los líderes de la FARC.

Las medidas del estado colombianos son insuficientes, y en la mayoría de los casos inexistentes, al menos asó los señalan políticos y colombianos.

Recientemente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, reiteró en su informe semestral su preocupación por la continuidad de graves afectaciones a la población civil, a causa de la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios y de rentas ilícitas, como el narcotráfico.

Con información de Vanguardia

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