Reprimen con gas lacrimógeno a manifestantes con ataúdes de víctimas de represión en La Paz

La Policía de Bolivia reprimió con gases lacrimógenos una masiva marcha de vecinos de El Alto que llevaron hasta el centro de La Paz los restos de varias víctimas de una reciente operación policial-militar y exigían la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

«¡Justicia, justicia!», «Fuera Áñez asesina», eran los gritos más frecuentes de la multitud que recorrió casi 20 kilómetros hasta que la policía la dispersó a 200 metros de la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno de Bolivia.

La marcha había partido poco antes del mediodía desde la región de Senkata, en El Alto, donde las fuerzas gubernamentales irrumpieron el 19 de noviembre para romper un bloqueo vecinal a una planta de combustibles.

Los manifestantes, entre los que había una gran cantidad de mujeres, llevaban al menos cuatro féretros a bordo de camionetas cuando se encontraron con un cordón policial-militar que les impidió el paso en la Plaza del Obelisco.

Manifestantes y jefes de los uniformados dialogaban cuando se produjo un sorpresivo ataque policial con gases lacrimógenos que se expandieron en un área de al menos 500 metros a la redonda, según relatos de radios locales.

En medio del caos posterior, la Red Uno de televisión transmitió imágenes de personas cargando en hombros los ataúdes por la principal avenida paceña y otras de un joven trepando a un carro de asalto del ejército ondeando la bandera indígena wiphala.

Los organizadores de la protesta habían anunciado que la marcha debía dar una vuelta por el centro paceño y terminar en una concentración en la Plaza de San Francisco, sitio tradicional de actos políticos.

Desde que estalló la crisis política en Bolivia, el 20 de octubre de 2019, se han registrado 32 muertos, y 29 de ellos fallecieron tras la forzada salida de Morales de la Presidencia, el pasado 10 de noviembre.

Desde México, Morales ha condenado la violencia ejercida contra los manifestantes por órdenes del Gobierno de facto. El presidente depuesto señaló que el sometimiento de los militares a los manifestantes es un crimen de lesa humanidad que podría llegar a la Corte Penal Internacional.

Fuente: La Época

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