ONU pide a Colombia proteger vidas de líderes sociales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al estado colombiano la implementación de políticas eficaces que den garantía a los miembros de las comunidades para desarrollar las actividades que permite el surgimiento de una sociedad más democrática.

 La ONU se pronunció, a través de un comunicado, sobre el asesinato y persecución sistemática de líderes sociales, a raíz del atentado que sufrieron líderes sociales el pasado 4 de mayo en Santander de Quilichao, Cauca.

En el documento, que firman ONU Mujeres yOnu Derechos Humanos, le solicitan al gobierno la pronta acción en la judicialización de los responsables y la implementación de políticas públicas para el desarrollo de las actividades que los líderes realizan y que ayudan en la construcción de democracia.

“Urgimos que se respete su derecho a defender derechos humanos, y a participar en las decisiones políticas y económicas del país, sin temor a recibir señalamientos públicos, amenazas y ataques contra sus vidas”, reza el texto.

Otro tema que se toca en el documento de la ONU es la violencia contra la mujer, pues, en el lugar donde se realizó el atentado del 4 de mayo se encontraban varias defensoras de derechos humanos, entre ellas Francia Márquez y Clemencia Caraballí en actividades de liderazgo comunitario. Para la ONU: “La violencia en contra de las mujeres en cualquier espacio de la vida pública o política es inaceptable”.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que de los 7.000 líderes ya están asegurados por la fuerza pública 5.000.

Aunque la ONU reconoce la labor del gobierno, también, cree que los esfuerzos son insuficientes: “Colombia ha desplegado esfuerzos normativos y de política pública donde se destaca el Programa Integral para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos; sin embargo, a pesar de estos avances, la situación para las lideresas y defensoras de los derechos humanos en Colombia continúa siendo preocupante”.

Por otro lado, los delegados de los consejos comunitarios y organizaciones de comunidades negras afrocolombianas palenqueras y raizales que conforman del espacio nacional de consulta previa informaron, através de un comunicado, que: “El Estado colombiano, tiene el deber constitucional de proteger a los líderes y lideresas en su vida e integridad personal brindando seguridad y plenas garantías para el ejercicio de la representación de nuestras comunidades en las diferentes instancias y entidades territoriales”.

Ambas organizaciones concuerdan en sus comunicados en que la estigmatización de los líderes comenzó con la minga que se realizó entre los meses de marzo y abril de este año. 

Fuente: El Espectador

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