Fiscalía de Ecuador abre una investigación contra Lenin Moreno

La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación sobre el presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y tres personas más por el caso conocido como ‘INA Papers’ en relación con la adquisición de bienes con varias empresas ‘offshore’.

El caso gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas de artículos de lujo, automóviles de gama alta y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).

Moreno había calificado estas acusaciones de “campaña de desprestigio” y señaló a los aliados del presidente del país entre 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso.

El pasado 26 de marzo, con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador dispuso que la Comisión de Fiscalización realice un análisis de la publicación del portal digital La Fuente titulado ‘El Laberinto, Offshore del Círculo Presidencial’, que hace alusión a los denominados INA Papers, que involucraría al presidente Lenín Moreno y a su círculo familiar.

La investigación está a cargo de la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios. La Fiscalía dice tener más de una prueba de las vinculaciones de la familia presidencial ecuatoriana con el manejo de cuentas en paraísos fiscales.

La resolución dispone que la Comisión de Fiscalización, en un plazo de 20 días, realice una revisión de la documentación sobre la denuncia de los INA Papers, y presente un informe al pleno de la Asamblea, para lo cual tendrá libertad de disponer las comparecencias que considere.

Rafael Correa se refirió a este tema y en diálogo con RT consideró que es uno de los casos de corrupción más graves de la historia de Ecuador.

Relacionado al exmandatario la Fiscalía General de Ecuador descartó tramitar una denuncia sobre la supuesta financiación ilegal del Gobierno de Venezuela a una fundación vinculada a Correa.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, fue quien presentó la denuncia y solicitó la fiscal general Ruth Palacios, la apertura de una indagación preliminar por la supuesta financiación ilegal del gobierno venezolano al instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro.

A través de un comunicado oficial la Fiscalía aseguró que los hechos relatados en la denuncia no configuran indicios de una conducta antijurídica. El texto agrega que si la financiación supuestamente ilegal surgió desde Venezuela, debería ser la justicia de ese país la que debería investigarlo. La Fiscalía recordó además que sólo las conductas que se encuentren tipificadas por la ley Penal del Ecuador serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas.

Fuente: La Red 21

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