GUERRA DE PRANES | Ministerio Público Vs. TSJ. Caso ABA Mercado de Capitales

Han pasado 8 años desde que salió a la luz pública el famoso caso de estafa financiera del grupo ABA MERCADO DE CAPITALES, CASA DE BOLSA C.A., que involucra a tres “honorables” familias del estado Zulia y el robo de al menos 80 millones de dólares a 300 ciudadanos.

El grupo ABA, siglas de las iniciales de los apellidos Auvert, Belloso y Abudey, familias de mucho prestigio en Maracaibo, funcionaba como una empresa offshore que manejaba inversiones en moneda extranjera para el grupo financiero y para sus clientes.

ABA ofrecía “maravillosos” planes de inversión a sus clientes, quienes confiados colocaron a disposición de esta empresa sus prestaciones sociales, fideicomisos, jubilaciones y ahorros.

A principios del año 2010, estas personas comenzaron a preocuparse porque gran parte de las transacciones no se hacían efectivas, en especial los retiros de dinero depositados en las cuentas de sus respectivos titulares.

Ante las múltiples denuncias interpuestas, el 21 de octubre de 2010, la Superintendencia Nacional de Valores decidió la intervención de ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa, ABA Servicios Financieros y ABA Titularizadora de Valores, todas propiedad de Enrique Auvert Vetencourt, quien huyó del país y vive en Miami como “asesor financiero”.

La investigación determinó que ABA MERCADO DE CAPITALES, a través de su presidente, el ciudadano Enrique Auvert, efectuó la venta de títulos valores de sus clientes sin la autorización de estos, que luego fueron vendidos o transferidos a una empresa parte del consorcio ABA, de nombre ABA CAPITAL MARKETS CORPORATION con sede en Morgan Building Estate Road Town, Tortola British Virgin Island, territorio perteneciente al Gobierno Británico.

Pero las prácticas dilatorias e intereses ocultos dentro de las instituciones judiciales, (el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público), han dejado sin respuestas a las víctimas por la pérdida de sus ahorros.

En el año 2016, el juez Ernesto José Rojas Hidalgo a cargo del Tribunal Décimo de Control, libró medidas cautelares de congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Bernardo Belloso (Ex presidente de la Cámara de Comercio del Zulia) y de Juan Carlos Abudey Müller, ex Presidente y Director del Diario La Verdad.

La misma suerte corrieron otras 17 personas, todas ligadas a la junta directiva de ABA. El fallo se dio a inicios de diciembre del 2016 y demoró dos meses en trascender del área judicial.

La razón por la que esta decisión no fue ventilada es que “no era conveniente que se supiera todavía”, señalaron fuentes judiciales al diario marabino Qué Pasa. Estas personas relataron que “les dieron dos meses para poner todo en orden”, es decir, sacar el dinero, vender o esconder sus activos.

Indicaron también que quien “pidió” este lapso fue la propia presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Vanderlella Andrade.

El caso se mantuvo paralizado hasta esta semana debido a que el Ministerio Público ha decidido retomar el caso para hacer valer los derechos de las víctimas, vulnerados durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, quien no se interesó en la investigación penal ni en el establecimiento de las responsabilidades.

Fuentes extraoficiales informaron a LosBenjamins que la Presidenta del Circuito Judicial, Vanderlella Andrade, está haciendo de las suyas nuevamente para frenar dicha solicitud y favorecer a los estafadores del grupo ABA.

Nuestros informantes en la Dirección de Extranjería indicaron que dicha ciudadana, apodada como la “reina del matraqueo” en los bajos fondos judiciales marabinos, viajó a Aruba el pasado martes en un avión privado propiedad de Fernando León, defensor de Gustavo Abudey y actual pareja sentimental de Vanderella, quien se reunió con el estafador del mencionado grupo en un conocido restaurante de la ciudad.

Entre los afectados por el grupo financiero se encuentra Pablo Segundo Pérez Herrera, padre del ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, la caja de ahorros del Colegio de Abogados, el colectivo de profesores de LUZ (con alrededor de 3,5 millones de dólares depositados en ABA Capital Market) y 30 cajas de ahorros más.

Todo indica que los ciudadanos perjudicados por la estafa multimillonaria serán engañados nuevamente por un sistema de justicia que se encarga de encubrir a los culpables y desproteger a las víctimas.

Redacción LB

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