La ONU pide que la Corte Penal investigue abusos en Venezuela

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

La Oficina de Alto Comisionado publicó este su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía General registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP, que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

El informe denuncia también la aparente “impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017”.

De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

De acuerdo con las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al gobierno”.

Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura”.

Fuente: El Nacional

 

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