¡DESGARRADOR! Las torturas que recibió preso político en Venezuela

“Me colgaron del techo, pegando nada más la punta de mis pies del suelo”  Orlando Moreno.

Orlando Moreno es coordinador de defensores activos del Foro Penal Venezolano en Monagas. El martes 27 de junio se lo llevaron preso a La Pica, en Maturín, donde sus carceleros se ensañaron debido a su intensa actividad social y política. “Me colgaron del techo, pegando nada más la punta de mis pies del suelo. Cada vez que hacía presión para descansar las piernas me dolían las muñecas”, relató.

Su caso ilustra lo señalado en el octavo informe que presentó el miércoles pasado el secretario general adjunto, Andrew Gilmour, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Según el texto,  que documenta casos entre junio de 2016 y mayo de 2017, Venezuela es uno de los países donde se ejercen represalias e intimidación contra activistas y defensores de derechos humanos.

Moreno, que tiene 26 años de edad y es dirigente estudiantil de la Universidad Santiago Mariño, estaba en una protesta en Maturín cuando llegó la policía. “Me pegaron con la cacha de una pistola, me rompieron la camisa y me dieron muchos golpes”, señaló.

Ya en la sede del Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana lo sentaron en una esquina del patio a esperar la llegada del coronel Jhonny Berroterán, comandante del Cuerpo Antimotines de la GNB. “Cuando apareció pidió que me dejaran tranquilo. Me preguntó: ‘¿Dónde está María Corina, dónde está Juan Pablo García (diputado de Vente en Monagas), por qué ningún dirigente ha caído preso? Te vas a quedar como Yoel Bellorín (profesor detenido en Maturín). Todo el mundo se va a olvidar de ti’. Yo no lo respondí nada”, indicó.

Los funcionarios le dijeron que hiciera un video culpando a los dirigentes políticos de organizar las protestas: “Cuando les dije que no, comenzaron a gritarme. Me sacaron y me sentaron en una silla desde donde vi cómo sacaban bombas molotov, un pasamontañas, una gorra de Venezuela y piedras. Ellos estaban preparando las cosas que me iban a sembrar”.

De Desur lo llevaron a La Pica, donde lo colgaron del techo por 9 horas y luego lo guindaron de la ventana de la celda por 15 horas más. “Cada guardia que pasaba me daba golpes. Me decían que hiciera el video. Con los anillos de graduación me hacían como una especie de torniquete en la cabeza”, afirmó.

De martes a viernes se repitió la agresión. Los brazos se le hincharon y perdió la sensibilidad en las manos. Solo hasta el jueves pudo ver a su mamá, que denunció lo que pasaba.

El viernes 29 de junio lo presentaron en los tribunales y la juez le dictó medida cautelar de presentación cada 15 días: “Me dijo que había mucha presión, pero que los testimonios de los policías se contradecían”.

 

Más agresiones

Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, señaló que en Lara se han incrementado los ataques contra los defensores de derechos humanos. Manifestó que tres veces en los últimos meses han irrumpido en la residencia de Yonaide Sánchez, de Transparencia Venezuela, y Nelson Freitez. Los han robado y han provocado destrozos en su vivienda. Considera que esas agresiones están relacionadas con la represión y persecución de las fuerzas de seguridad del Estado.

Contó que a Ehisler Vásquez, de Funpaz, le allanaron la residencia en mayo: “Lo trasladaron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Barquisimeto y luego lo dejaron en libertad. Nunca quedó claro el porqué de su detención”.

También citó la vejación, amenazas e insultos sufridos por dos defensoras de Movimiento Vinotinto en la plaza de la Justicia, y lo vivido a finales de julio por Abraham Castillo, miembro del FPV, que fue secuestrado por el Sebin mientras buscaban al magistrado Pedro Troconis.

En Zulia, Laura Valbuena, coordinadora del FPV, ha sufrido intimidaciones. “En 2014 me pintaron el carro de sangre, me llamaban amenazándome y una vez hicieron tiros hacia mi casa”, aseveró.

Subrayó que en los últimos años la han seguido en vehículos de organismos de seguridad del Estado: “He sido perseguida, pero hasta ahora nada qué lamentar”.

 

Amenazas por tomar fotografías

El 10 de junio Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, denunció a través de su cuenta en Twitter la posibilidad de un allanamiento ilegal a su apartamento, donde se encontraba con su esposa, Lexys Rendón, y la intimidación sufrida luego de una discusión con la presidente del Consejo Local de Abastecimiento y Alimentación.

“Coordinadora del CLAP de mi zona acaba de señalar a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana donde vivo en Las Acacias, Caracas”, escribió.

Explicó que la mujer los acusó por estar tomando fotografías de los cuerpos de seguridad al momento de reprimir una protesta.

Provea recordó que Uzcátegui tiene medidas de protección acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Ante la situación los vecinos comenzaron a cacerolear mientras los funcionarios policiales mostraban los fusiles cargados con perdigones”.

Fuente: El Nacional

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